“En la maniobra, investigada por la Justicia Federal, participan productores, acopiadores, corredores y transportistas. El último eslabón son las grandes exportadoras”, informó el diario Página/12. Ventas por $1.700 millones en la mira. El diario Página/12 destinó la tapa de su edición dominical a la evasión impositiva en el comercio de granos. El periodista Sebastián Premicci, ejemplificó mediante una causa judicial en proceso, los mecanismos de elusión y evasión impositiva -y otros delitos- en la exportación de cereales y oleaginosas.
La investigación del diario Página/12
Modus operandi de evasores “cereales
Las principales consultoras vinculadas con el comercio exterior de granos estiman que en el país se comercializan en negro 20 millones de toneladas de soja por año. El circuito de la “soja blue” comienza cuando un productor decide venderle en negro sus granos a una empresa fantasma o apócrifa -APOC, como las llaman enla AFIP- y finaliza cuando el grano es exportado. En el medio intervienen acopiadores, empresas de corretaje que se encargan de mediar entre el productor APOC y el exportador, y los transportistas. El circuito permanece usualmente en las sombras, pero una causa judicial que investiga la existencia de una asociación ilícita tributaria, impulsada por la Fiscalía Federal de Villa María, Córdoba, dejó al descubierto los mecanismos utilizados para comercializar soja de manera ilegal. La maniobra investigada incluyó productores apócrifos, acopios y compañías de corretaje, que movieron $1.700 millones entre 2008 y 2012.
El diario Página/12 accedió a las pruebas incorporadas en el expediente de 15 cuerpos que dan cuenta de todos los eslabones de la asociación ilícita denunciada. La causa se encuentra en plena puja judicial. Actualmente, el expediente está en Casación Penal, luego de que el juez de primera instancia, Roque Ramón Rebak, y la Cámara de Apelaciones, integrada por Ignacio María Velez Funes, José Vicente Muscará y Carlos Lascano -votó en disidencia- modificaran los criterios de investigación para las asociaciones ilícitas, en relación con fallos previos, y dictaran por ahora la falta de mérito para los 24 imputados, de los cuales dos están prófugos.
Tanto la AFIP como la Fiscalía explicaron en varios escritos que la maniobra concluía con la exportación de la soja nunca declarada. Las cerealeras que vendían al exterior el grano luego reclamaban el reintegro de un IVA que nunca ingresó al fisco. A través de la documentación analizada, los investigadores determinaron la sistematicidad de las operaciones de los distintos eslabones de la asociación ilícita con un grupo de exportadoras, de las que sobresalen Vicentin y Bunge.
La maniobra
Página/12 accedió a las Cartas de Porte -CP- de empresas apócrifas, movimientos bancarios, escuchas telefónicas y documentos con la información detallada de cada uno de los movimientos de la asociación ilícita que fueron utilizados por la Fiscalía, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -PROCELAC- para reconstruir la trazabilidad de la maniobra de evasión, desde la primera compra en negro hasta que el mismo grano era exportado.
El delito comienza cuando las empresas fantasmas o insolventes, según los registros de la AFIP, les compran el cereal a productores reales. Esta operación le permite evadir al productor real el pago del 10,5% de IVA correspondiente para estas transacciones. Luego de que la empresa APOC adquiere el grano, se activan los distintos mecanismos de la asociación ilícita.
“Hay 2 etapas en la ruta del cereal. Primero debe producirse la compra en negro de los granos y hacer aparecer en los papeles a la empresa apócrifa como un operador de granos, sin tener campos propios, acopios, nada. En el momento en que imputan como propia la soja comprada en negro, comienza la operación de blanqueo. Al principio, las empresas investigadas vendían directo a las exportadoras, pero como se dieron cuenta de que la maniobra era muy burda, incluyeron intermediarios”, explicó a Página/12 la fiscal Virginia Miguel Carmona.
Detrás de las empresas apócrifas generalmente hay un “ideólogo” que se encarga de armar toda la cadena de comercialización ilegal. Es el que crea, mediante prestanombres, las distintas empresas APOC que intervienen en la maniobra. Para comprender la complejidad de la causa investigada, y el rol de las distintas empresas dentro de la asociación ilícita, hay que conocer en detalle cómo es la estructura del circuito comercial de cereales y oleaginosas.
La comercialización de cereales está gravada con una alícuota del 10,5% en concepto de IVA. Si la operación es efectuada en forma marginal y en consecuencia no es registrada, ni declarada ante la AFIP, el productor APOC, o el acopiador, no ingresa el monto del impuesto resultante. Es decir, la maniobra se concreta mediante la compra en negro para con posterioridad vender ese grano a exportadores, por intermedio de empresas de corretaje, que en la causa judicial analizada formarían parte de la misma asociación ilícita. En el momento de esa venta final, se emiten las respectivas liquidaciones de compra a nombre de las empresas APOC.
Los acopios son los que tienen a su nombre las Cartas de Porte, que es el documento que permite obtener la trazabilidad de los granos. Hasta ahora, éstos declaraban la cantidad de grano almacenado en sus instalaciones pero sin determinar a quién correspondía dicho grano. Además, nada les impedía tener más grano stockeado que el efectivamente declarado. Por eso la figura del acopiador resulta clave en la asociación ilícita, para “blanquear”, en los papeles, el grano adquirido en negro. Es decir, hacen aparecer en sus registros granos que no tienen u ocultan en los papeles granos adquiridos en negro.
Según la investigación de la Fiscalía, no sólo se lograba evadir el IVA sino también el Impuesto a las Ganancias, ya que la empresa de corretaje emitía una liquidación con el nombre de un contribuyente que si bien existe físicamente, resultaba ser insolvente. Generalmente, este insolvente formaba parte de la misma estructura de la asociación ilícita.
Asimismo, las liquidaciones apócrifas podían emitirse a la orden de personas físicas o jurídicas, constituidas legalmente, pero sin haber registrado operaciones comerciales con el comprador / vendedor. “Esta forma de operar estaba amparada por los sujetos que siguen en la cadena de comercialización del grano, llámense corredores, industriales o exportadores, quienes necesitan adquirir el producto blanqueado. Lo relevante de la investigación es que todos los componentes de la cadena de comercialización forman parte de la misma asociación ilícita. La documentación encontrada nos permitió determinar los roles y vínculos de cada uno de los imputados”, sostuvo Carmona.
Delitos de cuello blanco
El principal acusado es Fernando Luis Cuello. En los distintos allanamientos realizados en Buenos Aires y Córdoba se encontró documentación que lo signaba como “ideólogo” de toda la maniobra. Una de las empresas APOC vinculadas con Cuello se llama Algeciras SA, integrada en los papeles por Félix Armando Cabral, Julio Omar González -2010/11- y Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega y Juan José Ros, desde 2011 en adelante.
En el allanamiento realizado en la calle Rodríguez Peña esquina Emilio Penna, Despeñaderos, provincia de Córdoba, fueron encontradas las Cartas de Porte a nombre de Algeciras SA. Según la CP del 20 de septiembre de 2011, esta empresa utilizaba a la corredora Compañía Agraria SA, integrada por Carlos Ubaldo Cuello, Diego Alberto Cuello y Gonzalo Alejandro Menéndez. Esta corredora aparece inscripta de manera legal, sin denuncias aparentes ante la AFIP. Sin embargo, es uno de los principales nexos entre las empresas apócrifas y el destino final del grano.
La misma operatoria se registra con Cartas de Porte de otra empresa APOC, de nombre FG Cereales, Jorge Ferrer y Sergio Luis Guevara. Para tener idea de la magnitud de la operatoria, en uno de los archivos secuestrados durante un allanamiento aparecen los cobros pendientes de Algeciras, vía Compañía Agraria SA, quien se encargaba de entregarles los granos a los exportadores: entre marzo de 2011 y 2012, se encontraron pagos pendientes por $68 millones.
De la investigación surge una segunda empresa de relevancia encargada de blanquear el cereal. Se llama Cercal SRL, antes Luis Farías e Hijos, integrada por Luis F. Farías, María F. Farías, Julio Daniel Luján y Pablo Martín Zotello. Luis Farías fue ministro de Agricultura de Córdoba durante el gobierno de Eduardo Angeloz.
Para la Fiscalía, su rol en la organización fue “blanquear operaciones” de las empresas apócrifas Corretajes Group, vinculada con Cuello, y Produc Tan SRL, integrada por Néstor Rubén Beltrame, Marcelo Alberto Sbagzalis y Daniel Ramón Pelayes. Los últimos 2 son accionistas de la empresa Sistemas y Control de Gestión SA, una compañía “pantalla” de Cuello, que aparece facturando servicios a las asociaciones apócrifas. Beltrame es actualmente concejal de Río Tercero por Unión por Córdoba, el sector que se encuadra detrás de -el gobernador- José Manuel de la Sota.
Movimientos bancarios
Para no levantar sospechas, las operaciones de compraventa de soja con las exportadoras se hacían por contratos de entre 50 y 300 toneladas, de manera diaria. Lo que no resultaba muy discreto eran los movimientos bancarios de las empresas apócrifas. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 2011, misma fecha que la CP que se tomó como ejemplo en esta investigación, la empresa Algeciras retiró del Banco Nación, en efectivo, $1,9 millón. El 22 del mismo mes fueron $1,2 millón y el 26, $1,3 millones. El que retiraba el dinero era Rubén Omar Di Primio, hoy prófugo de la justicia.
La información secuestrada en los allanamientos, sumada a los pedidos de levantamiento de secreto bancario, permitió determinar que la empresa Algeciras movió $543 millones desde 2008 hasta 2012. Por la compañía Cercal SRL pasaron $251 millones; FG Cereales movió $321 millones, y Corretajes Group, otros $195 millones.
De la operatoria también formaron parte las empresas Arbol Grande SA y Swetenson SA, vinculadas con Natalia de los Angeles Paulus, la mujer de Cuello. Ambas se dedicaban al transporte, “otro de los mecanismos de fuga de la soja adquirida ilegalmente”, según las hipótesis de investigación de la Fiscalía. Después estaban Graneros del Sur de Paulus, Boca del Río de Luis Farías y Solfi SA integrada por Cuello y Paulus. Esta última estaba registrada como empresa transportista, pero la Fiscalía la investiga también por sus actividades como financista, bajo la carátula de posible lavado de dinero. A partir de los movimientos bancarios de todas estas compañías se determinó que el comercio de la soja ilegal de los integrantes de la asociación ilícita implicó una suma de $1.700 millones.
Roles bien definidos
La causa que investiga la conformación de una asociación ilícita para vender soja en negro está centrada, por el momento, en dilucidar el rol que cada uno de los imputados ocupó en la cadena de comercialización ilegal. Es decir, la lupa judicial está puesta sobre las empresas apócrifas que ingresaban la soja al mercado, en asociación con los acopios y las compañías de corretaje, encargadas de blanquear la operatoria, según la investigación de la Fiscalía Federal de Villa María. Sin embargo, desde el primer momento de la investigación, tanto la fiscalía como la AFIP entendieron que la maniobra debía concluir sí o sí en la exportación de los granos. A través de toda la documentación analizada, los investigadores determinaron en reiteradas oportunidades los vínculos directos de las empresas apócrifas con las exportadoras Vicentin y Bunge y, en menor medida, también sobresalen los vínculos con Cargill, Molinos Ríos de la Plata y LDC Argentina.
“La operación evasiva se concreta mediante la compra en negro del cereal por parte de un acopiador, para con posterioridad proceder a vender el grano a las exportadoras o a la industria por intermedio de un corredor, momento en el que se emiten las respectivas liquidaciones de compra a nombre de sujetos muchas veces insolventes. En consecuencia, se concluye que el exportador, con posterioridad a solicitar el recupero del IVA por las operaciones de exportación -consigue que- el organismo recaudador le devuelva un crédito fiscal del cual una parte no ha sido ingresado al fisco”, expresaron, en varias oportunidades, tanto la Fiscalía como la AFIP, a través de Antonio Ramón Panza, jefe de la división jurídica de Río Cuarto.
En los distintos allanamientos realizados en los domicilios de los imputados, fueron encontrados archivos de computadora con información de las facturas pendientes de cobro entre varias de las empresas apócrifas y las exportadoras Bunge y Vicentin. Incluso, de las escuchas telefónicas surgieron los vínculos directos entre estos eslabones de la cadena.
“Una empresa APOC compraba determinada cantidad de soja en forma ilegal, y el único soporte documental eran las personas físicas o jurídicas falsas, que forman parte de la asociación ilícita. Lo único verdadero era cuando ese grano llegaba a los exportadores. Es decir, éstos no podían desconocer la maniobra. Por eso la frutilla del postre de toda esta operatoria era cuando las exportadoras reclamaban a la AFIP el reintegro del IVA que nunca ingresó al fisco”, explicó la fiscal Virginia Miguel Carmona.
Según la fiscalía y la PROCELAC, para poder determinar algún grado de responsabilidad penal de las exportadoras es necesario encontrar los vínculos directos entre las empresas fantasmas y estas cerealeras. Es decir, algún dato que indique que les compraban el grano a las empresas apócrifas. Las exportadoras tienen por mecánica conocer todos los eslabones de su cadena de comercialización, sin dejar nada librado al azar. Página/12 accedió a un documento que Molinos Río de la Plata les hace firmar a sus proveedores, por el que se comprometen a ofrecer granos legalmente registrados. Esto se replica en las distintas exportadoras. Sobre la base de esta información, para los investigadores es poco probable que las exportadoras no conocieran el origen ilegítimo de los granos.
Vínculos directos
De las computadoras allanadas en el domicilio de FG Cereales surgen datos concretos de los contratos directos entre esta compañía y Bunge. Por ejemplo, entre el 22 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre del mismo año, existen registros de CP y facturas diarias a cobrar con importes que iban desde los $86 mil o dólares -no está identificado- hasta operaciones por $373 mil o dólares. En total, Bunge aparece en 18 operaciones con las distintas empresas APOC denunciadas por la Fiscalía de Villa María.
Este tipo de operaciones se repite hasta 2012, donde también aparecen datos de operaciones de FG Cereales, de manera directa o a través de corredoras, con Vicentin con 14 operaciones, Molinos con 2 y Noble con 2. Tal como sostuvieron los investigadores, en una primera instancia las empresas apócrifas les vendían la “soja blue” a los exportadores de manera directa. Pero cuando se dieron cuenta de que la maniobra resultaba “burda”, incluyeron en la operatoria otras empresas, registradas como acopiadoras y de corretaje, para cumplir el rol de “blanqueadoras” de los granos. Ahí es cuando aparecen en la operatoria la corredora Compañía Agraria SA y Luis Farías e Hijos, luego Cercal SRL.
La empresa Compañía Agraria SA -antes era una SRL- está integrada por Carlos Ubaldo Cuello, Diego Alberto Cuello y Gonzalo Alejandro Menéndez. El mencionado Diego Alberto era socio de Fernando Luis Cuello en la empresa Fernando Cuello Cereales SRL y, a su vez, tenía una participación accionaria en otra compañía -Guayacán SRL- junto a Luis Salvador Farías -Cercal SRL- dedicada a la venta de combustible en Santiago del Estero.
En una de las computadoras de los domicilios allanados había una carpeta con el nombre Algeciras. Dentro de ella, el archivo Excel con el membrete “Cobranzas Vicentin”. Entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2012, Algeciras registró pagos pendientes de Vicentin por $67,8 millones.
Según el estudio que realizó la PROCELAC, la sistematicidad de las operaciones con Vicentin era la siguiente: de la empresa apócrifa Algeciras se procedía a blanquear el grano a través de la Compañía Agraria SA. Y de esta última empresa salían los granos hacia la exportadora. Todas las operaciones vinculadas a Vicentin tuvieron la participación de la corredora mencionada. En total, hay registradas 59 operaciones entre las empresas APOC, Compañía Agraria SA y Vicentin.
Soja sobre ruedas
Si bien la principal hipótesis de la causa es que la maniobra de evasión requería de la exportación del grano para cerrar el círculo, también surge de la documentación analizada por los investigadores que la “liquidez” de la evasión se daba a partir de la venta de la soja por los transportistas de las empresas imputadas. Es decir, del análisis realizado por la PROCELAC surgió que muchos destinatarios finales de la soja eran transportistas. Por ejemplo, la empresa Corretaje Group, vinculada con Cuello, terminaba facturando la soja a transportistas, a través de la corredora Luis Farías e Hijos, luego Cercal SRL. Entre ambas empresas fueron registradas por la PROCELAC más de 130 operaciones. ¿Dónde terminó ese grano? La hipótesis de los investigadores es que pudo venderse a “pie de camión” en otros acopios o silos, o que salió del país vía contrabando.
De toda esta maniobra surge otro destinatario final del grano, el propio Luis Farías, ex ministro de Agricultura de Angeloz. Página/12 accedió a los registros de las facturas entre la empresa apócrifa Produc TAN SRL, integrada por el concejal Néstor Rubén Beltrame, y Cercal SRL. Por día, se emitían varias facturas que movían entre $100 mil y $400 mil. El destinatario final del grano era Farías. Según la documentación analizada por los investigadores, en 2010 hubo registros de facturas entre ambas por más de $45 millones.
Jueces y méritos
Luego de la feria judicial de enero, la Fiscalía General de Córdoba interpuso un recurso ante la Cámara de Casación para que se revoque la sentencia que declaró la falta de mérito de los imputados en la causa por la asociación ilícita tributaria, en la que se comercializó “soja blue” por $1.700 millones. La acción de la Fiscalía, asistida por la PROCELAC, apunta a poner de manifiesto el cambio de criterio aplicado por el juez de primera instancia Roque Ramón Rebak y los camaristas Ignacio María Vélez Funes y José Vicente Muscará, quienes dictaron la falta de mérito a pesar de tener como antecedente otra causa de características similares, pero con una suma de dinero involucrada mucho menor.
El fiscal general Alberto Lozada y la PROCELAC impugnaron la decisión y manifestaron que “los jueces omitieron valorar elementos de prueba para poder procesar a los imputados”. En su escrito de apelación ante Casación, manifestaron que la “existencia de pruebas que demuestran la relación de cada uno de los imputados entre sí permite ver la intención de formar una agrupación dedicada a cometer delitos tributarios; los aportes concretos de cada uno de los miembros de la asociación es suficiente para su procesamiento”.
En la última reforma a la Ley Penal Tributaria, se incorporó la figura de asociación ilícita tributaria como delito autónomo, es decir, la existencia de una asociación con fines delictivos ya configuraría un delito por sí mismo. Este es el criterio que cambiaron los magistrados. “La criminalización de una asociación ilícita no podría depender de la cantidad de delitos que cometa cuando, justamente, parte de la idea consiste en el adelantamiento de la punición hasta el momento anterior a la lesión misma”, puede leerse en el texto de la apelación.
Desde el primer momento de la causa, el juez Rebak se mostró reacio a la investigación. De hecho, demoró el allanamiento de una de las empresas apócrifas -Solfi SA-sospechadas de ser una pantalla para lavar parte del dinero que surgió de la comercialización ilegal de soja. Sin embargo, tuvo que aceptar el allanamiento frente a las pruebas reunidas por la Fiscalía. “En tanto los jueces supediten la existencia de la asociación ilícita fiscal a la comisión de otros delitos tributarios -a pesar de que la ley 24.769 no lo requiere- los jueces están retrasando el procesamiento de los imputados, lo que podría dar pie a que se extinga la acción penal”, concluyó el texto de la apelación.
Fuente: AgroNoa
